La Corte Suprema delineó una política de Inteligencia Artificial para los tribunales que reserva a jueces y juezas la valoración de las pruebas, la fundamentación de las resoluciones y la decisión de los casos. Las herramientas podrán asistir en labores preparatorias o de apoyo, bajo revisión humana.
La presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, presentó los acuerdos alcanzados por el Pleno durante sus jornadas de reflexión. El instrumento reúne 13 principios rectores y busca regular tanto el desarrollo de sistemas como su evaluación y uso dentro del Poder Judicial.
Chevesich explicó que los ministros revisaron el articulado y lograron consensos en distintas materias. El documento seguía en revisión para su aprobación por el Pleno y posterior difusión. La propuesta combina límites al trabajo judicial con reglas institucionales sobre las herramientas y los datos que podrán utilizarse.
La Corte Suprema mantiene la decisión en manos de los jueces
“Las decisiones jurisdiccionales corresponden exclusivamente a quienes ejercen la jurisdicción”, afirmó Chevesich en su vocería ante la prensa. La ministra señaló que la asistencia tecnológica debe mantenerse en tareas instrumentales, sin reemplazar el análisis de los antecedentes ni la resolución que corresponde al tribunal.
Entre los principios que enumeró figuran el respeto de los derechos fundamentales, la no discriminación, la supervisión humana y la independencia judicial. También incluyó la transparencia, la trazabilidad, la proporcionalidad, la seguridad de la información y la posibilidad de explicar y verificar los sistemas utilizados.
La propuesta nació del trabajo de la Dirección de Estudios y del ministro Jean Pierre Matus. En las jornadas participó el académico de la Universidad de Chile Juan Domingo Velásquez Silva, quien expuso sobre los aspectos técnicos y éticos de la IA y formuló recomendaciones para el proyecto que los ministros tenían preparado.
El debate ocurrió después de episodios como la incorporación de instrucciones dirigidas a una IA en una resolución civil de la Corte de Apelaciones de Santiago. En ese caso, el tribunal ordenó retirar del expediente el contenido ajeno a la causa y pidió un informe al relator.
Autorización institucional y resguardo de los datos judiciales
La política contempla que los usos de IA en el trabajo jurisdiccional y en los sistemas del Poder Judicial sean autorizados por la Comisión de Tramitación Electrónica. Cada autorización deberá precisar la tarea permitida, el tipo de información que podrá procesarse y las condiciones aplicables, según los detalles del proyecto difundidos por La Tercera.
El resguardo de información no pública incluye proyectos de fallos y datos personales. La propuesta prohíbe ingresarlos en herramientas de IA no autorizadas y exige revisión humana para los usos habilitados. Además, considera un Comité de IA que monitoree la evolución de estas tecnologías y sus alcances dentro de la institución.
El uso indebido podrá generar responsabilidad disciplinaria, explicó Chevesich. En el caso de un juez, el procedimiento corresponderá a la Corte de Apelaciones respectiva. Si involucra a un ministro de corte, deberá actuar el tribunal correspondiente, incluida la propia Corte Suprema cuando se trate de uno de sus integrantes.
