La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile exigirá transparentar el uso de Inteligencia Artificial en los documentos y contenidos del trabajo legislativo. Los jefes de comités aprobaron un protocolo interno que obliga a declarar cuánto intervino esta tecnología en cada material institucional, según informó La Tercera.
La obligación alcanzará a diputadas y diputados, autoridades superiores, funcionarios, asesores parlamentarios, personal a honorarios, practicantes y colaboradores externos. El alcance incluye a quienes trabajen con infraestructura, información o procesos de la corporación, no solo a quienes firman proyectos de ley.
La aplicación está prevista desde septiembre de este año. El sistema abarcará informes, minutas, borradores, presentaciones, análisis, traducciones, resúmenes, comunicaciones y cualquier otro contenido producido para la Cámara, sin importar su soporte o formato.
La medida es un protocolo institucional y no una ley aplicable a todo Chile. La corporación ya había abordado usos, riesgos, privacidad y salvaguardias de estas herramientas en su conferencia oficial sobre IA en parlamentos, realizada en 2024.
Cuatro sellos para declarar la Inteligencia Artificial
Cada documento deberá incorporar un sello visible o una indicación en sus metadatos. El verde significará que no se utilizó Inteligencia Artificial; el amarillo, que hubo un uso parcial; el rojo, que la intervención fue predominante o completa; y el azul, que el contenido fue producido de forma automatizada sin intervención humana.
Cuando existan dudas entre dos categorías, la persona encargada deberá escoger el nivel superior. Si no puede determinar si corresponde amarillo o rojo, por ejemplo, tendrá que usar el distintivo rojo para evitar que el grado de automatización quede subestimado.
El protocolo también pide declarar la frecuencia habitual de uso. Las cuatro categorías serán ocasional, para tareas puntuales que no alteran el flujo regular; frecuente, cuando la herramienta se emplea de manera recurrente; sistemática, si está presente en varias etapas del trabajo; e intensiva o estructural, cuando se convierte en una parte central del modelo de trabajo.
La clasificación se aplicará especialmente a materiales sensibles como acusaciones constitucionales, proyectos de ley y requerimientos al Tribunal Constitucional. Los sellos no reemplazan la revisión del contenido ni convierten una respuesta automatizada en una decisión institucional válida.
Responsabilidad humana, datos protegidos y sanciones
El protocolo establece una responsabilidad humana indelegable. Toda decisión, documento o actuación deberá tener una persona responsable claramente identificable, incluso cuando el contenido lleve el sello azul. La herramienta puede apoyar el proceso, pero no sustituir el juicio profesional ni la rendición de cuentas.
Entre los usos permitidos figuran la sistematización de antecedentes, la comparación de normas, los resúmenes no vinculantes, los borradores preliminares, las traducciones y la estructuración de textos. Todas estas tareas deberán someterse a verificación humana antes de incorporarse al trabajo parlamentario.
La Cámara prohibirá elaborar con Inteligencia Artificial resoluciones administrativas, disciplinarias o sancionatorias sin una revisión jurídica calificada. Tampoco se podrá reemplazar una evaluación técnica o legal exigida por norma, eludir controles institucionales, crear contenido engañoso o deepfakes, ni conectar herramientas externas no autorizadas.
Otra restricción impide ingresar información reservada, protegida o datos personales en modelos no autorizados. Este punto conecta el protocolo con el debate más amplio sobre la regulación de IA en América Latina, donde la protección de derechos y la trazabilidad se han convertido en ejes comunes.
Declarar la frecuencia de uso no constituye por sí sola una infracción administrativa. Sin embargo, una falta de transparencia o probidad podrá ser revisada por el órgano interno correspondiente; cuando involucre a un diputado, el caso podría llegar a la Comisión de Ética de la Cámara.
Fuentes
La Tercera: protocolo institucional para transparentar el uso de IA
Cámara de Diputadas y Diputados: Inteligencia Artificial en los Parlamentos
Parlamento Europeo: directrices para el uso responsable de IA
