La regulación de IA en América Latina empieza a moverse hacia un esquema parecido al europeo, según un análisis publicado por la International Bar Association (IBA) que sostiene que varios países de la región están avanzando hacia marcos legales que clasifican los sistemas según su nivel de riesgo, ponen el foco en derechos fundamentales y reservan exigencias más duras para los usos sensibles.
Lo expuesto por esta asociación, que agrupa a más de 35 mil abogados de todo el mundo, es que se estaría acercando la discusión regional a reglas ya conocidas en Europa: más controles en contratación, servicios públicos, salud, educación y otras decisiones que pueden afectar a personas.
El texto de la IBA pone como ejemplos a Chile, Perú, Brasil y El Salvador. Según ese análisis, Chile tramita un proyecto de ley sobre sistemas de inteligencia artificial; Perú ya tiene una norma que clasifica sistemas por riesgo y fue actualizada en 2025; Brasil discute un proyecto con una lógica similar; y El Salvador aprobó una ley de IA en 2025.
No se trata de copiar artículo por artículo el AI Act de la Unión Europea, pero sí de tomar su arquitectura general: prohibiciones para ciertos usos, obligaciones reforzadas para sistemas de alto riesgo y más espacio para usos de menor impacto.
Ese giro regulatorio se da mientras la región acelera la adopción de herramientas de IA en oficinas, atención al cliente, finanzas, logística, salud y agricultura. Para empresas, universidades y equipos públicos, el cambio no es abstracto: si la regulación de IA sigue ese camino, habrá más exigencias sobre documentación, supervisión humana, transparencia y manejo de riesgos cuando la tecnología influya en decisiones laborales, educativas o administrativas.
La regulación de IA en la región toma como referencia el esquema por riesgo
El punto de comparación es claro. El AI Act de la Unión Europea, en vigor como Reglamento (UE) 2024/1689, organiza la regulación de IA alrededor del riesgo para la salud, la seguridad y los derechos fundamentales. El texto europeo fija reglas comunes para sistemas de alto riesgo y parte de la idea de que no todos los usos de IA deben recibir el mismo trato legal. Esa lógica es la que la IBA identifica ahora en América Latina.
En su repaso regional, la IBA destaca que Perú clasifica sistemas según el riesgo que plantean para derechos humanos y libertades civiles. También menciona que, en Chile, el proyecto en trámite intenta equilibrar innovación y resguardo, con medidas como entornos de prueba regulados y obligaciones más fuertes en casos de alto riesgo. En Brasil, el debate legislativo va en la misma dirección, mientras que El Salvador ya adoptó una norma específica.
El modelo europeo ayuda a entender qué significa eso en términos concretos. EUR-Lex muestra que el AI Act exige supervisión humana, documentación, control de precisión, robustez y ciberseguridad para sistemas de alto riesgo. También contempla los llamados sandboxes regulatorios, pensados para probar desarrollos bajo supervisión oficial antes de su despliegue comercial.
Si ese patrón se consolida en América Latina, las organizaciones que desarrollan o compran IA tendrán que distinguir mejor entre un asistente de bajo impacto y un sistema usado para filtrar currículums, evaluar alumnos o apoyar decisiones públicas.
La propia IBA también recoge una tensión que ya aparece en la región: cuánto regular sin frenar proyectos nuevos. Ese equilibrio importa sobre todo para pymes, startups y organismos con menos capacidad técnica o presupuestaria. Por eso, además de obligaciones, el debate incluye herramientas de acompañamiento y pruebas controladas, algo que también aparece en el diseño europeo y que ya forma parte de la conversación en Chile.
Fuentes:
International Bar Association: Artificial intelligence: Latin America follows EU model on regulation
EUR-Lex: Regulation (EU) 2024/1689, Artificial Intelligence Act
Asamblea Legislativa de El Salvador: Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías
