El debate sobre derechos de autor e IA volvió al centro de la discusión legislativa en Chile después de que la Cámara de Diputadas y Diputados rechazara el artículo 8 del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional. La norma buscaba modificar la Ley de Propiedad Intelectual para permitir ciertos usos de obras protegidas en procesos de análisis de datos y entrenamiento de modelos de inteligencia artificial.
La votación no cerró el tema. Más bien lo ordenó en dos preguntas concretas: si Chile quiere facilitar el desarrollo local de sistemas de IA, ¿hasta dónde puede abrir excepciones al derecho de autor? Y si quiere proteger a autores, músicos, medios, editoriales y productores audiovisuales, ¿cómo evita que esa protección se convierta en una barrera absoluta para investigación e innovación?
El rechazo reactivó las reacciones del mundo creativo, especialmente de la Cámara de Empresas Creativas de Chile, que agrupa a actores de publicidad, audiovisual, medios, entretenimiento y tecnocreatividad. La entidad valoró la votación y defendió que la protección de la propiedad intelectual siga siendo un principio central en cualquier regulación vinculada a IA.
Derechos de autor frente al entrenamiento de modelos de IA
El artículo 8 proponía incorporar un nuevo artículo 71 T a la Ley N° 17.336. El texto habilitaba el uso de obras lícitamente publicadas para extracción, comparación, clasificación u otros análisis estadísticos de datos de lenguaje, sonido o imagen, sin autorización ni remuneración al titular, siempre que no se tratara de una explotación encubierta de la obra.
La discusión gira en torno a si una empresa, universidad o desarrollador podría usar grandes volúmenes de textos, imágenes, música u otros contenidos con derechos de autor para entrenar o desarrollar sistemas de IA sin pedir permiso caso a caso. Para quienes apoyaban la idea, una excepción así podía dar certeza jurídica y ayudar a que Chile no quede atrás en el desarrollo tecnológico. Para sus críticos, abría una puerta demasiado amplia para usar obras creativas sin pago ni control suficiente.
La Sala rechazó la norma por 104 votos en contra, 43 a favor y siete abstenciones. El mismo artículo ya había tenido problemas en la Comisión de Hacienda, donde Diario Financiero reportó que tampoco prosperó una indicación sustitutiva del Ejecutivo que hablaba expresamente de “entrenamiento, desarrollo o despliegue” de modelos de IA y contemplaba un fondo anual de 70 mil UTM.
Ese punto es relevante porque muestra que el conflicto no era solo técnico. El Ejecutivo intentó ajustar la propuesta, pero el rechazo de parlamentarios y gremios siguió apuntando a lo mismo: la excepción podía afectar la capacidad de autores y titulares para decidir si sus obras se usan en sistemas de IA, especialmente cuando el uso tiene fines comerciales.
Los gremios creativos piden reglas claras antes de abrir excepciones
La Cámara de Empresas Creativas de Chile planteó que “el desarrollo tecnológico no puede construirse debilitando a los sectores que generan contenidos, conocimiento y propiedad intelectual”. También sostuvo que “la propiedad intelectual no representa una barrera para la innovación”, sino una condición para un desarrollo sostenible.
La Asociación Nacional de la Prensa había pedido antes retirar el artículo 8. En una declaración recogida por Diario Financiero, solicitó abrir un espacio formal de diálogo con medios, asociaciones gremiales y titulares de derechos antes de aprobar cualquier norma que permita usar obras protegidas para entrenamiento de sistemas de IA. Su preocupación apunta especialmente a contenidos periodísticos, que hoy ya son utilizados por plataformas tecnológicas para alimentar productos basados en IA generativa.
La reacción de la SCD respecto del conflicto con los derechos de autor fue dura. La Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales manifestó su “más enérgico rechazo” a la propuesta y la calificó como “inconstitucional y sin resguardo alguno para los titulares de derechos de propiedad intelectual”. Desde Anatel, Pablo Vidal sostuvo que la medida generaba un daño estructural al funcionamiento de los medios y la describió como una forma de expropiación del derecho de autor.
Chile todavía no tiene un acuerdo político estable sobre cómo conectar IA y propiedad intelectual. El país puede mirar experiencias externas, como la discusión europea sobre IA de alto riesgo y regulación tecnológica, pero el problema local tiene una arista propia: proteger industrias creativas pequeñas o medianas frente a empresas capaces de procesar contenido a gran escala.
El artículo quedó rechazado, pero el debate no desaparece. El Ejecutivo podría insistir con una nueva fórmula durante la tramitación en el Senado o abrir una mesa más específica. Si eso ocurre, el punto sensible será separar usos científicos, educativos o sin fines de lucro de usos comerciales, además de definir transparencia, reserva de derechos y eventuales mecanismos de compensación. Sin esa precisión, el choque entre derechos de autor e IA seguirá reapareciendo cada vez que el Congreso intente actualizar la ley.
