El Congreso de Chile aprobó postergar la entrada en vigencia de la Ley de Datos Personales hasta el 15 de octubre de 2027. La Cámara completó el trámite legislativo y envió el proyecto al Ejecutivo, donde figura en etapa de aprobación presidencial. La modificación todavía requiere promulgación y publicación para convertirse en ley.

La Ley 21.719 debía comenzar a regir el 1 de diciembre de 2026. El Ejecutivo había propuesto trasladar esa fecha a diciembre de 2027, pero el Senado redujo la extensión y la Cámara mantuvo el texto sin modificaciones. El nuevo calendario dará más tiempo para constituir la Agencia de Protección de Datos Personales y preparar sus instrucciones.

La votación general en la Cámara registró 113 votos a favor, 27 en contra y 1 abstención. Con ello, el proyecto completó la etapa que faltaba tras la aprobación del Senado y avanzó al trámite presidencial.

Ley de Datos Personales: nueva fecha y Consejo de la Agencia

El proyecto eleva de 3 a 5 los integrantes del Consejo Directivo de la futura Agencia. Sus mandatos serán de 6 años, sin una nueva designación, y la renovación será parcial cada 2 años. El organismo podrá sesionar con al menos 3 consejeros.

En el primer Consejo, 2 personas ejercerán por 6 años, 2 por 4 años y 1 por 2 años. El Presidente deberá proponer la nómina como una unidad y el Senado tendrá que aprobarla con el respaldo de 2 tercios de sus miembros en ejercicio. Si la rechaza, deberá presentarse otra dentro de los 15 días siguientes a la comunicación oficial.

Tarjeta genérica de la Ley de Datos Personales junto a un reloj de arena y una pequeña bandera de Chile
El proyecto fija el 15 de octubre de 2027 como nueva vigencia y aumenta de 3 a 5 los integrantes del Consejo de la Agencia.

El texto incluye una regla especial para la primera designación. Si al publicarse la modificación faltan menos de 12 meses para la nueva vigencia, la propuesta de consejeros deberá enviarse al Senado dentro de los 10 días siguientes a esa publicación. El subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler, explicó en un comunicado ministerial: “Por eso es importante que el Consejo se constituya previo a la vigencia de la ley”.

Amonestaciones durante los primeros 12 meses

La Cámara rechazó ampliar a todas las empresas la posibilidad de recibir una amonestación escrita durante el primer año de aplicación. Se mantiene la norma de la Ley 21.719 que permite a la Agencia optar por esa medida, en lugar de una multa, para empresas de menor tamaño durante los primeros 12 meses.

La Agencia podrá aplicar esa sanción escrita a empresas que cumplan la clasificación de menor tamaño establecida en la Ley 20.416. El régimen general de sanciones seguirá rigiendo para las grandes empresas y contempla amonestaciones o multas en el caso de infracciones leves.

La Ley 21.719 reconoce derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad y bloqueo de datos personales. La futura Agencia tendrá a su cargo fiscalizar el cumplimiento del nuevo régimen. Su instalación anticipada busca que empresas y organismos públicos conozcan los criterios que aplicará antes de la entrada en vigencia.

En declaraciones recogidas por Diario Financiero, Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial Nacional, respaldó el plazo adicional para la adaptación de las pymes. El exsenador Felipe Harboe cuestionó la postergación, aunque reconoció el retraso del Estado en prepararse para las nuevas exigencias.

Fuentes

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