Si la pregunta fuera “¿la Internet es para ricos?”, creo que muchos contestarían rápidamente que no. En el caso de Chile, varios de ellos sacarían a relucir cifras que aseguran una penetración de Internet superior al 95% en los hogares de nuestro país.
La realidad no cuantificada es otra, y abarca factores como qué tan continua y veloz es la cobertura de Internet (sobre todo en zonas rurales), qué dispositivos se usan para acceder a Internet (mucha gente no dispone de un computador) y, por supuesto, el costo del servicio.
La IA no existe en el vacío. Para usar ChatGPT, Gemini, Claude o cualquier otra herramienta de Inteligencia Artificial, se necesitan al menos dos cosas: un dispositivo con capacidad de procesamiento razonable y una buena conexión a Internet. Esas dos condiciones, que para muchos suenan tan obvias que las dan por sentadas, son en realidad un privilegio que muchísimas personas, en Chile y el resto del mundo, no tienen.
En este país no existe el acceso a Internet como derecho social. Lo que existe es el derecho a pagar por ese acceso. Conectarse tiene un costo mensual que no todas las familias pueden asumir, y en zonas rurales o en comunidades de bajos ingresos, ese costo puede ser prohibitivo.
Muchos dirán que no es así, que la Ley N° 21.678 se enfoca justamente en esa problemática. Pero estamos a un mes de que se cumplan 2 años desde su promulgación, y esa ley no pasa de ser un saludo a la bandera.
Que la IA no sea solo para ricos
He visto publicaciones en LinkedIn asegurando que quienes no están gastando X cantidad de dólares mensuales en herramientas de IA no están aprovechando de verdad su potencial. En la misma línea, se difunden tutoriales para usar agentes como OpenClaw, destacando que se recomienda usarlo “no en el computador que usas habitualmente”, o derechamente “en tu segundo computador”.
Cosas así me hacen pensar que un país que permite que el acceso a la IA dependa exclusivamente de la capacidad económica de sus ciudadanos, está perpetuando activamente una desigualdad estructural.
La brecha digital no es un concepto nuevo. Hacer algo trascendente al respecto sí lo sería, sobre todo considerando que la irrupción masiva de la IA le da una dimensión nueva y más urgente a esa brecha.
El estudiante que puede usar un asistente de IA para reforzar su aprendizaje, redactar mejor, investigar más rápido o desarrollar código, tiene una ventaja competitiva real frente a aquel que no puede. Si esa ventaja está determinada por el ingreso familiar, estamos construyendo una sociedad de dos velocidades en un ámbito decisivo para el desarrollo.
En las conversaciones sobre Inteligencia Artificial, el tema de la democratización del acceso aparece apenas mencionado, cuando no está completamente ausente. En cambio, he visto propuestas relacionadas con bajar el IVA a las tarjetas de video, incentivos tributarios para empresas tecnológicas y marcos regulatorios para startups de IA. Son enfoques que revelan cuál es el sujeto implícito de la política tecnológica chilena: el emprendedor con capital, no la mayoría de la gente.
Hablar de IVA a tarjetas gráficas puede sonar técnico y neutro, pero en la práctica es una política que beneficia a quienes ya tienen computadores de alto rendimiento. Es una idea pensada para quienes ya están dentro. Mientras tanto, nadie debate con la misma intensidad cómo garantizar que una familia en La Araucanía, Atacama o en cualquier población periférica de las grandes ciudades pueda conectarse sin que eso signifique recortar el presupuesto de alimentación.
El comienzo de la solución no es utópico. Una ley de acceso universal a Internet en Chile podría establecer que la conectividad básica es un derecho garantizado por el Estado, igual que la educación o la salud. Podría contemplar zonas gratuitas en espacios públicos, subsidios focalizados para hogares vulnerables, infraestructura en zonas rurales e incluso la integración de acceso a Internet en los programas de protección social existentes.
La IA no va a esperar a que resolvamos nuestras deudas históricas con la desigualdad y avanza a una velocidad que hace que cada día sin política de acceso universal sea un día más en que la brecha se ensancha. Cada hogar que no puede conectarse es una familia entera que queda fuera de la actual revolución tecnológica, no por elección, sino por condena económica.
Por supuesto, el acceso debe ir de la mano con la educación y capacitación, con el objetivo real de desarrollar una alfabetización digital adecuada a las posibilidades de la tecnología actual.
Como referente de adopción tecnológica en la región, Chile tiene la oportunidad de convertir el debate sobre Inteligencia Artificial en algo más que una conversación de élite. Para eso, necesita hacerse una pregunta incómoda: ¿estamos construyendo el futuro para todos, o solo para quienes ya tienen los medios para pagarlo?
Que los cruceros de lujo sean solo para ricos tiene sentido. Que las vacaciones en el extranjero sean solo para ricos, creo que también. Pero que las herramientas que están redefiniendo la forma de aprender y trabajar sean solo para ricos, eso no tiene ningún sentido, salvo el más mezquino.
